María Eva Guevara
El juicio por la muerte del joven finalizó el pasado 8 de julio. No se aclaró qué pasó con la víctima. El hecho está caratulado como homicidio en riña. Y además, en unos pocos meses prescribe.
Lo anticipó Eduardo Orozco, presidente de la Cámara del Crimen, apenas arrancó el juicio por el homicidio de José Luis Bolognezi: había muchos obstáculos para realizar el juicio once años después del hecho, pero uno era fundamental, que el temor y la resignación de quienes saben algo le ganasen la partida a la solidaridad y a la necesidad de verdad. A lo que le siguió la siguiente reflexión: “Como comunidad tenemos que tomar conciencia de que la Justicia es algo demasiado importante como para dejarla sólo en manos de jueces y fiscales”.
Porque hay que ver qué alarmante estado de cosas son capaces de hacer. Basta recordar en qué quedaron las desapariciones de Adolfo Garrido y Sebastián Baigorria, o la del joven Pablo Cristian Guardatti en las que el Estado violó el derecho de unos padres a recibir justicia. Eso, por nombrar los casos más conocidos en Mendoza, pero también se podría mencionar la muerte de Walter Bulacio que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque la investigación había sido tan lenta que no llegaba a determinar si hubo o no delito.
El juicio por Bolognezi terminó el pasado 8 de julio. No se aclaró qué pasó con el joven asesinado y dejó prácticamente sin chances el que se pueda responsabilizar a alguien ya que el hecho está caratulado como homicidio en riña y en unos pocos meses prescribe. Es difícil escapar a la sensación de que es el sistema de justicia el que queda en deuda con la sociedad; aun cuando la Cámara del Crimen disparó contra el juez Ricardo Schulz –posiblemente se le hará juicio político–.
Y es que efectivamente fue mala la actuación de Schulz, por ende corresponde investigar al primer juez que tuvo en sus manos la muerte producida una madrugada de septiembre de 2002. El tema es que toda la estructura judicial aparece permeada por el poder de Daniel Girala, el empresario de San Martín que es el padre de Abdo, principal señalado en la golpiza que terminó con la vida de Bolognezi, y que siempre estuvo fuertemente interesado en obtener la impunidad de su hijo.
Y si algo quedó a la vista en este larguísimo proceso judicial es que gran parte del aparato estatal coadyuvó a este objetivo, sobre todo al principio, pero también después. Todo como parte de ese fenómeno de “capacidad instalada” que tienen algunos sectores a la hora de medirse con la respuesta penal. Es como si la Justicia tuviese la frazada corta, nunca llega a cubrir plenamente el delito repartido “democráticamente” entre los diferentes sectores de la sociedad.
El actual director del programa de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Julián Axat, tiene una tesis que aporta al respecto datos muy reveladores. Siendo defensor penal juvenil en La Plata, Axat investigó el trato preferencial del Poder Judicial a los hijos de las familias con poder adquisitivo, hizo un recorrido por los distintos patrones de conducta de jueces, fiscales, defensores y miembros de la Justicia frente a esos jóvenes y la performance de esas familias a la hora de neutralizar el sistema penal para no quedar atrapados.
El planteo es que esos hijos de los sectores medios y altos tienen al menos 20 técnicas o tácticas para lograr su objetivo, donde lo más “tradicional” recae en lo defensivo, hablamos de la colocación de abogados de estudios famosos o renombrados, el ofrecimiento de dádivas, la presión bajo influencia y el encuentro con los jueces en reuniones privadas. Como resultado, casi nunca terminan presos.
En el caso Bolognezi hubo un poco de todo esto y más. Ejemplos: Juan Carlos Ruiz, el abogado de Girala, también trabajó para el empresario de medios Daniel Vila; consta en esta historia que el otro sospechoso, el ex boxeador Carlos “Metralleta” Pérez, estuvo preso en la cárcel de Boulogne Sur Mer, mientras que Girala logró zafar: se mantuvo prófugo a diferencia del que se sospecha fue empleado “cobrador” del empresario, y sólo se presentó recién después de que sus abogados consiguieron un cambio de carátula que les permitiera enfrentar las actuaciones judiciales en libertad condicional. Ni hablar de lo que en su momento declaró Fabián Cayetano Vera, en prisión por delitos comunes, de que le ofrecieron 35 mil pesos y un abogado a cambio de hacerse cargo del hecho.
En su tesis, Julián Axat señala que los delitos más corrientes en los sectores altos de la sociedad se cometen con los autos de los padres y durante el fin de semana. La mayoría de las veces esto termina en accidentes u homicidios culposos, aunque también en lesiones graves y homicidios por las peleas fuera de los bailes o dentro de las escuelas o fuera de ellas en banda y en grupo. El trato preferencial es lo que sigue después, y como corolario, una fuerza en sentido contrario tendiente a evitar ese posible final con impunidad.
Distinta vara. Las cárceles de nuestro país están llenas de condenados en procesos donde se utilizaron escuchas telefónicas, es decir, fueron valoradas como un indicio más; en este caso, que se sale de la regla ya que no estamos frente a un proceso penal donde en el banquillo de los acusados esté un joven marginal de algún barrio periférico, se hicieron todo tipo de pericias y reconocimientos de voz.
Tampoco es corriente que se libre toda una batalla para deslegitimar a un testigo, no obstante eso fue lo que pasó con Ana María Puebla, la mujer que vio la agresión aquella madrugada. Fueron incontables las entrevistas y las pericias por las que tuvo que pasar, todo después de haber sido hostigada y amenazada en un ambiente de total desprotección. Por haber visto cosas: que había una patota, una camioneta negra, una víctima a la que le apretaban el cuello, la tiraban al piso, la levantaban y volvía a caer, y así hasta que esta caía mal al suelo, siendo notorio que no se defendía.
Todo esto coincide con el resultado de la necropsia. Allí los peritos ofrecen algunas alternativas sobre lo que pasó; una es que lo asfixiaron –le habrían apretado muy fuerte el cuello– y después, ya inerme, lo empujaron contra el suelo, y después lo arrastraron. Desde el comienzo hubo un tratamiento preferencial hacia Girala. Son varios los testigos que señalan la presencia de la camioneta Ford Ranger negra que Abdo solía utilizar. Unos la vieron el mismo día del hecho, otros afirman haberle temido unas horas antes porque se les venía encima como queriendo atropellar. Pues bien, en cuanto este indicio se fue acumulando a otros y hubo una fiscal que sostuvo una acusación sólida, los camaristas del primer juicio le exigieron que probara cuántas camionetas negras 4x4 habían en la zona a fin de poder efectuar un cálculo de posibilidades. Esto no es sólo una prueba imposible de producir, también algo impensable con la clientela habitual del sistema penal.
A todo esto, frente a argumentos con falta de lógica por parte de los defensores. Como aquel que suele remarcar Ruiz sobre que la tierra y los vegetales extraídos de las zapatillas no pertenecían al baldío donde lo encontraron, o sea que tampoco lo mataron en ese lugar, que seguramente terminó siendo de depósito. Hablamos de un baldío frente a la estación de gas La Jirafa, muy cercano a la agencia de autos propiedad de Girala; también hay ahí un lubricentro. Es atroz la cantidad de irregularidades alrededor de la escena del crimen, lo que sólo se justifica porque allí operó una zona liberada por la policía, pero además, allí no hay vegetales, es todo terreno baldío. Todo indica que el beneficio de la duda con la que finalmente se resolvió el segundo juicio y el persistente boicot al esclarecimiento del caso son las dos caras de la misma moneda. Unos incineran libros de novedades, otros amenazan a testigos, y otros desde lugares muy relevantes como es el caso del fiscal Fernando Guzzo, retiran la acusación en el nombre de la misma línea de “razonamiento” de la defensa.
Por cierto, tanto Guzzo como los jueces Ariel Spektor y Patricia Morici –no así Eduardo Orozco que votó en minoría condenar a Abdo Girala– han quedado en difícil situación. Y es que como describió años atrás el académico Roberto Follari, en las ciudades que no son muy grandes esta Justicia tuerta o con los dos ojos bien abiertos para decidir según quién se trate, se nota más: “Todo el mundo se conoce, y aun con la mejor voluntad –si ello existe– es más difícil escapar a la presión de las redes de poder”.
Quién es quién. El hecho de que el fiscal Guzzo no haya acusado terminó teniendo una influencia decisiva en el desenlace que todo San Martín, y de algún modo todo Mendoza, lamenta y cuestiona. Lo que hay que saber es que existió un precedente, justamente, cuando Abdo Girala dejó su condición de prófugo y se presentó a la Justicia; eso ocurrió porque el entonces fiscal de instrucción, Juan Day, firmó la elevación a juicio por una figura delictiva menor, homicidio en riña o agresión, y de inmediato se retiró del Poder Judicial; elevó su renuncia a su jefe directo, el Procurador Rodolfo González, y no se ocupó más de administrar justicia.
Guzzo es hijo de Gabriel Guzzo, uno de los jueces de la dictadura militar que estuvo procesado por delitos de lesa humanidad, aunque por razones de salud no se sentó en el banquillo de los acusados junto Luis Miret, Otilio Romano, Guillermo Petra y Rolando Carrizo.
En cuanto a Ariel Spektor y su carrera judicial, también habría que echarle un ojo. Un par de años atrás hubo un suceso criminal muy impactante en el cual un inocente terminó en prisión. Todo empezó con la muerte de un chico de nombre Carlos Cardozo, de pronto un fiscal hizo declarar a un testigo arrepentido que resultó ser falso, o sea, toda la causa estuvo armada por el doctor Fernando Giunta. El asunto se descubrió y se probó todo: la falsedad ideológica, la privación ilegítima de la libertad y el fraude a la administración pública, pero el juez Spektor lo sobreseyó. Una instancia superior revocó este sobreseimiento y pidió apartar a Spektor del caso.
Otro antecedente del año pasado. Un bailarín fue asesinado por un policía que lo confundió con un ladrón. Los familiares y amigos del chico, Ezequiel Torres era su nombre, tuvieron que hacer varias marchas pidiendo justicia. Y es que si bien el hecho no fue para nada confuso, el juez Spektor cambió la carátula de modo de permitirle al policía continuar el proceso en libertad. Cambió la imputación de delito agravado por el uso de arma de fuego a homicidio culposo, que es excarcelable.
Allá por el 2003 ocurrió otro episodio que habla de la actitud de Spektor hacia los sectores más vulnerables. Muchos chicos en situación de calle habían sido detenidos por la policía, era una típica razzia en plena capital de Mendoza para “limpiar” la ciudad de mendigos y limpiavidrios. Una organización de defensa de derechos humanos interpuso un hábeas corpus por ellos y Ariel Spektor lo rechazó: según su criterio la policía estaba facultada para el atropello (claro que no usó ese término sino otro que lo enmascara: medida de orden público que interrumpe la libertad ambulatoria de las personas).
Esperanza. “Hicimos las cosas confiando en la Justicia y hoy vemos que lo que hay en el expediente no sirvió; hay alguna disidencia entre los jueces que nos alienta a seguir y tendremos que esperar la respuesta de alguien que nos diga quién mato a José Luis. Creíamos que íbamos a tener otra respuesta, pero no sucedió”, dijo Dante Bolognezi, hermano de la víctima, pocos minutos después del veredicto. De igual modo, los abogados Lucas Lecour y Sergio Salinas, de la Asociación Xumek, anunciaron que van a llevar el caso a los fueros internacionales, y habrá entonces una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque a doce años de cometido el crimen, la familia de la víctima no ha tenido una respuesta a la pregunta básica: quién mató a José Luis Bolognezi en septiembre de 2002. En cuanto a la solidez y coherencia de la acusación, Salinas insistió en la existencia de indicios probatorios, dijo que por algo se llegó en dos oportunidades a la instancia del juicio, “o sea que todo el aparato judicial respaldó el sostenimiento de las acusaciones a Pérez y a Girala y para nosotros hubo culpables y lo demostramos durante el juicio”.
En su voto en minoría, el juez Eduardo Orozco incluyó un pedido para que se investigue a cuatro testigos, entre ellos Daniel Girala, padre del acusado, al que acusa de los delitos de encubrimiento, instigación al falso testimonio, cohecho activo y portación de arma de fuego.
Fuente: Revista Veintitrés
No hay comentarios :
Publicar un comentario