Ramón Ábalo
Ante los claros síntomas de anormalidades en el ámbito del trabajo a consecuencia de los indisimulados ataques de los sectores del poder real, o sea del capitalismo imperialista y sus socios nativos, como los de la Sociedad Rural, los monopolios y la banca extranjeros, la embajada yanqui, el monopolio mediático cipayo, la protesta social por las fuentes de trabajo se suceden en el país, aunque sin alcanzar los puntos críticos de las décadas anteriores. No lo es porque el nivel de anomalías -desocupación, recorte de salarios, exclusión social- ni por asomo tiene que ver con los niveles de ese pasado nefasto impuesto por los impulsores del neoliberalismo.
Al expresarse esa protesta social en las calles, ámbitos tradicionales y naturalizados como propios de la clase proletaria especialmente, al Estado y al gobierno que lo representa se le presenta la disyuntiva de reprimir o escuchar las razones de la protesta, aún por encima de otros intereses igualmente legítimos, como el del resto de la población, por ejemplo, que debe transitar por las vías en obstrucción. Es decir, escuchar para encontrar la solución. Y cuando esto último no ocurre, el problema se prolonga y la protesta se agudiza y la respuesta entra en los claroscuros de la represión física o institucional, o sea con la violencia mediante el uso -y abuso- de las fuerzas represivas instaladas en la policía y demás fuerzas llamadas de seguridad.
Y esto viene a cuento por esos síntomas anormales que se desarrollan en las calles, y las respuestas o los intentos de colocarlos "en vereda". Y uno de ellos fue hace unos diez días atrás, como fue la represión por parte de la Policía Federal y la Gendarmería contra trabajadores y organizaciones sociales que salieron en la provincia de Baires en reclamo de fuentes de trabajo y mejores condiciones salariales, mostrando un desplazamiento preocupante en la política de no represión de la protesta social, y que fue política de Estado desde hace no menos de diez años. Desde el 2003 esta política se basó en dos pilares fundamentales: la negociación a cargo de interlocutores civiles y la aplicación de normas que regulan los operativos de las fuerzas de seguridad.
Entre los principios que apuntan a evitar el uso de medidas represivas violentas y sus consecuencias en la integridad física de los manifestantes está la prohibición de portar el arma reglamentaria, o sea de fuego. Tampoco el uso de balas de goma como herramienta para dispersar a los manifestantes. Pero precisamente el 7 y 8 pasados, trabajadores despedidos de la autopartista Lear, había agentes de la Federal portando armas. En el desalojo de la Panamericana la Gendarmería disparó balas de goma con armas largas y usó perros adiestrados, sin bozal
Más allá de las instancias de negociaciones por la parte oficial, es necesaria la presencia de interlocutores políticos que eviten el uso de la violencia. Este accionar, el de la violencia, es contrario a lo establecido en el punto 21 de los "Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas", esbozado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en el 2011.
¿Y en Mendoza?
En el ámbito provincial, desde el gobierno, no se ha utilizado ni se ha intentado el uso de la violencia para enfrentar a las manifestaciones populares. Durante un par de meses, hasta hace unos treinta días, las calles del centro y otros lugares viales críticos, fueron lugares de manifestantes de agentes del Estado provincial que ganaron esos espacios para protestar por aumento de sus salarios. La prolongación del conflicto llegó a un punto tal del malestar de la población toda, que las partes en conflicto, gobierno y trabajadores, llegaron a soluciones, aunque relativas, alcanzaron para destrabarlo. Lo importante también fue que la violencia no se instaló desde el Estado.
Para una nota próxima quedan problemas que valen ser expresados para que la violencia institucional, instalado en parte del accionar oficialista. Vale la pena que los tratemos.
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