Roberto Vélez
El abogado Raúl Rodríguez, por decisión compartida con sus mandantes, no quiere que el proyecto San Jorge II sea evaluado por la Legislatura.
El “especialista en derecho minero”, es en realidad socio del Estudio BARRAZA, RODRIGUEZ, DIAZ & GREGORIO. El mismo buffet que manejó el interés de los canadienses. Y que otrora integraba el Gobernador Pérez; el que por obvias razones, al menos en lo formal, hoy no integra.
Lo cierto es que dicha “Compañía de Abogados”, como gustan llamarse, se dedica, según sus dichos, a “la formulación de proyectos de inversión”: diseñar y evaluar negocios, elaborar los proyectos respectivos y a gestionar el financiamiento.
En otros términos. El “Derecho... puesto a disposición de los clientes”; de los que también son”soporte jurídico” y para lo que se especializan “en el régimen legal que las inversiones extranjeras tienen en la República Argentina”•
En otros términos, al decir de Bonasso, son los servidores de los amos.
Por esa razón en su blog garantizan a sus clientes, bajo la denominación CODIGO DE ETICA, SERVIRLOS CON “FIDELIDAD Y LEALTAD”.
En la misma página confiesan ocuparse “de la gestión de negocios e intereses de sus clientes frente a organismos públicos municipales, provinciales, nacionales e internacionales”. Y “aspiran dotar de solidez y racionalidad argumental a los intereses que se les confían y los gestionan adecuadamente en vías de obtener el resultado deseado”.
De modo que las cosas claras están.
El interés de Rodríguez, San Jorge; rusa o canadiense y el de la Compañía de Abogados, con o sin Perez, es el de las multinacionales. Que quieren saquearnos. Y contaminar y afectar el agua. La legislación nacional y provincial vigente que deviene de la década menemista con asociación radical y de Kirchner, se los permite.
Nosotros, por éstas y otras muchas razones, no nos creemos el cuento del dialogo.
Ni compramos espejitos de colores. Aunque nos hablen desde las alturas, especialistas que claramente trabajan para los de afuera.
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