Carlos Almenara
Entre los muchos eventos y balances relacionados con el cierre del año, el lunes 22 la presidenta agradeció con un brindis en su honor a los legisladores oficialistas. Es interesante hacer un repaso del año del Congreso.
En el “Informe de Gestión del año 2014” de la Diputada Anabel Fernández Sagasti encontramos un listado de las principales leyes sancionadas este año:
• Solución con Repsol de estatización YPF
• Ley de pago soberano
• Reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación
• Servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo
• Observatorio de precios y disponibilidad de bienes
• Modificación Ley de abastecimiento
• Modificación Ley de hidrocarburos
• Presupuesto
• Nueva moratoria previsional
• Nuevo Código Procesal Penal de la Nación
• Ley “Argentina Digital” sobre telecomunicaciones
Realmente una lista que muestra un enorme trabajo legislativo. Solamente los Códigos implican un gigantesco trabajo erudición y debate. Queda pendiente la reforma al Código Penal frustrada momentáneamente por los que Zaffaroni denomina “populacheros punitivos”.
Estas leyes fueron sancionadas todas con la oposición total y frontal de la totalidad de los partidos de oposición. El mecanismo que se hizo regla es el siguiente: los opositores no dan quórum e intentan frustrar la sesión, una vez que Frente para la Victoria y aliados consiguen el quórum los opositores entran, se oponen a todo, votan todo en contra e intentan que en algún momento la sesión se caiga porque se fue algún legislador.
Esta mecánica, vivida con más dramatismo en Diputados, se reitera sesión tras sesión con idéntico resultado: estrepitoso fracaso.
La práctica “naturalizada” no tiene nada de natural. Inédita en períodos democráticos, es un ejercicio golpista que no se puede calificar de otro modo. El recurso de no dar quórum puede ser considerado válido ante una situación excepcional pero si se convierte en la regla está señalando algo más.
Es síntoma de la impostura de la mayor parte de los sectores opositores que denuncian que “estamos ante una dictadura” y actúan como si estuvieran ante ella. Claro que no, que no actúan como si estuvieran ante una dictadura porque la mayor parte de esos sectores no enfrentaron las dictaduras sino que las impulsaron.
La ficción es insostenible por donde se la mire. La denuncia de una “dictadura” o de un gobierno “no republicano” desde una banca de diputado es una contradicción en sus términos. El diputado es parte de ese poder estatal que impugna de modo “radical”. Si es consecuente debe seguir caminos que conoció la Unión Cívica Radical en su historia: la “abstención revolucionaria” que sostuvo Yrigoyen o la intransigencia ante el fraude. Eso implica que tienen que renunciar a sus bancas. No pueden impulsar desde sus bancas una impugnación radical del sistema que ellos mismos legitiman con su participación.
Como todo el mundo sabe que estos opositores son políticos de mentirita, que su denuncia de falta de libertad es un “acting”, nadie le exige a estos personajes que sigan las consecuencias de sus denuncias, pero sería necesario hacerlo. Porque no es gratuito que taladren la cabeza de la población con ese discurso corporativo e impotente con la impunidad que lo hacen.
Frente a esas referencias de la política decadente, que los bloques legislativos oficialistas haya podido sostener la institucionalidad, hayan sancionado leyes trascendentes que impactan en nuestras vidas, bien vale el brindis que propone la presidenta: “por la Patria y los cuarenta millones de argentinos”.
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